Autora: Isabel Claros Abarca[1]
SUMARIO
1.
Introducción
2.
Antecedentes
del establecimiento y uso del derecho de consulta para la revocatoria
3.
Revisión estadística
de los procesos de revocatoria
4.
El costo/beneficio
económico y social de los procesos de revocatoria
5.
Opinan los
actores
6.
Reflexión
final
1.
Introducción
Dentro del marco de reflexiones sobre el país
que esperamos construir y legar al 2021 en términos de gobernabilidad, es conveniente
darle un vistazo al estado de las bases
de nuestra democracia, tanto a nivel de
derechos como de deberes. El Perú ha sido la suma de muchas corrientes externas
en términos de normativas y enfoques de gobierno, es así que tenemos en nuestro
sistema democrático figuras aparentemente opuestas; que mal entendidas pueden
ir en contra de la esencia de la democracia y las bases de la gobernabilidad
local, regional y nacional. Es así que tenemos cada cierto tiempo oportunidad
de ejercer la democracia representativa,
eligiendo a nuestras autoridades por un periodo de tiempo, para que asuman el
poder o el mandato local, regional o nacional en cumplimiento de la oferta
electoral; la democracia representativa debería conducir al compromiso
ciudadano con las autoridades por dirigir los esfuerzos hacia objetivos
comunes; lastimosamente esto no suele plantearse en esos términos y la
democracia es mal entendida como el ejercicio de un día, el de votación. Es así que se da paso a la figura de la democracia participativa,
fundamentada en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley
N° 26300, que señala los derechos y mecanismos por los que la ciudadanía puede
accionar o fiscalizar sobre los niveles de gobierno. Desde la dación de la Ley N° 26300 ningún
período municipal ha pasado sin que se produzca un proceso de consulta popular
de revocatoria. La pregunta planteada es la siguiente ¿En qué medida la
democracia participativa, específicamente los mecanismos de democracia directa
apoyan o minan; fortalecen o vulneran la gobernabilidad e institucionalidad,
local y regional y por ende nacional?
Y
sobre los procesos específicos de revocatoria, ¿en qué medida y bajo qué
condiciones esta institución podría contribuir a limitar la corrupción y
fortalecer la democracia o, por el contrario, a incrementar las pujas entre
partidos políticos y/o grupos de poder y la inestabilidad institucional?
Algunas de las preguntas guía son: ¿la revocatoria de mandato cambia
cualitativamente la democracia representativa? ¿Cómo se activan estos
mecanismos en diferentes países? ¿Qué actores se muestran más activos en
iniciar procesos revocatorios y por qué causas? ¿Hay patrones comunes entre los
casos? ¿Qué garantías existen para el ejercicio de estos derechos ciudadanos?
La revocatoria del mandato, es entendida como un derecho político, así
como un mecanismo de democracia directa, presente en las denominadas”democracias
participativas”. La revocación es un mecanismo político, es legal, incluso
constitucional. Su uso es legítimo, es un mecanismo que el derecho
constitucional permite a los perdedores de una elección y obviamente su uso es
de carácter político.
En el Perú, el concepto está detrás de la discutida
Constitución de 1993, de la época fujimorista, que incorpora los llamados
mecanismos de democracia directa, vistos en abstracto uno dice: es democrático,
es interesante, pero cuyo origen
provenía del contexto de los 90’s: la crítica a la democracia
representativa basada en partidos y los formalismos rígidos de la
institucionalidad de entonces. Es
conocido que a nivel latinoamericano, la figura de democracia directa es una de
las preferencias de los gobiernos autoritarios, generalmente apoyados por
campañas costosas y con algún control sobre los medios de comunicación,
utilizadas sobre poblaciones fácilmente influenciables, culturalmente lejanas a
la práctica democrática, y con generalizado desconocimiento de las implicancias
futuras del resultado. Entre los países que utilizan este mecanismo podemos
citar a Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina
Juan
de la Fuente del diario La República nos explica:[2] “La revocatoria es, sobre todo, un derecho reconocido en la Constitución;
su existencia enriquece los derechos políticos, particularmente el de sufragio
y otros conexos como el de demandar al poder. Incorporado en el texto de 1993
(artículos 2° inciso 17 y 31°) amplía el alcance del artículo 64° de la
Constitución de 1979 con mecanismos de democracia directa y de
participación.
El derecho de participar en los asuntos públicos asume tres
formas: Derecho de elección, democracia directa (referéndum, iniciativa
legislativa y revocación de autoridades); y de participación ciudadana
(rendición de cuentas). La Ley de los Derechos de Participación y Control
Ciudadanos precisa que son derechos de participación la iniciativa de reforma
constitucional y de leyes, y de referéndum, y que son derechos de control, la
revocatoria y remoción de autoridades y la demanda de rendición de
cuentas.
Allí reside el ámbito político de la revocatoria; opera como
una forma de control político ciudadano y colectivo, un mecanismo de censura en
la misma dirección de otras censuras, como la parlamentaria. Esa naturaleza
obliga a un procedimiento, en este caso las firmas, pero el asunto de fondo es
el cuestionamiento político a la autoridad y su rechazo a ella, motivado aunque
no necesariamente probado.
El derecho reconocido y el control que de él nace, como
contenido del principio de la representación, es criticado por quienes
absolutizan su condición de democracia directa y se sienten satisfechos con la
democracia representativa, aunque la revocatoria es también criticada por
quienes sostienen que es una evidencia que el sistema político peruano es
demasiado abierto.”
Otra hipótesis a favor es la
siguiente: Todos los cargos de elección popular
debieran ser susceptibles de revocación, como instrumento necesario para
generar nuevos espacios de responsabilidad de las autoridades por el ejercicio
de la función pública y con el fin de facilitar la identificación representante
– representado. De esta manera, se genera el consenso popular y, por tanto, se
fortalece la legitimidad de las autoridades elegidas, sus actos de gobierno y
sus decisiones. Sin embargo no existen pruebas de que en la práctica esto
funcione así; por el contrario su uso habitual al estar teñido de intenciones
políticas, normalmente revanchismo, más que integrar puede polarizar a la población
y distraer el tiempo de los gestores y ciudadanos de los temas centrales de la
gestión en curso.
Las causas idóneas para solicitar la convocatoria de una Consulta
Popular de Revocatoria son:
- Actos de Corrupción
- Violación de Derechos Humanos
- Pérdida de Legitimidad[3]
Sin embargo en el caso peruano, no se
establecen las causas; según la normatividad actual, cualquier ciudadano ejerce
ese derecho sin necesidad de probar sus motivos y los motivos pueden ser
absolutamente subjetivos. La solicitud
de revocación debe ser motivada o fundamentada. Sin embargo, las autoridades
electorales no deben evaluar ni calificar los motivos por los cuales se
solicita la revocación y la ley no exige probar los motivos que sustentan el
pedido de revocación. Este detalle es importante y discutible ya que de un lado
se presenta como una garantía de acceso a los mecanismos de democracia por
parte de cualquier ciudadano, también se presta al mal uso político de
agrupaciones contrarias, tanto políticas como económicas (sólo como referencia
tenemos los casos de Susana Villarán en Lima y Gregorio Santos Guerrero en
Cajamarca)
La revocatoria en otros países
En algunos países, como Suiza, el uso de diversos sistemas de
democracia directa es ampliamente utilizado y tiene aceptación mayoritaria.
País pequeño, con comunidades culturalmente uniformes, étnicamente similares,
buena educación promedio, alto nivel de vida, son características que siempre
se ponen de relieve porque se afirma que coadyuvan para su aceptación. El referéndum
también se utiliza en democracias avanzadas europeas sobre ciertos temas de
gran importancia para la vida futura: así, se han puesto en práctica durante
los últimos años en vinculación a determinados aspectos de la Unión Europea.
En varios
países de América Latina se han producido reformas constitucionales que
introdujeron mecanismos de democracia directa y, entre ellos, la revocatoria de
mandato, aunque no siempre para todos los cargos electos, sí para las
autoridades locales (Colombia, 1991; Perú, 1993; Venezuela, 1999; Ecuador,
1997, 2008; y Bolivia; 2009. En Argentina la institución existía en algunas
provincias antes de los noventa, pero se extendió tras las reformas que
siguieron a la aprobación de la constitución de 1994). Hay casos especialmente
destacados, como el peruano, con más de tres mil referendos revocatorios desde
1997.
En Costa Rica el único mandato revocable es el de Alcalde, mediante
sufragio universal, pero la iniciativa no es popular, sino que está a cargo de
los regidores municipales. En otros países, su empleo se encuentra previsto
únicamente en las constituciones estatales y no nacionales como en Argentina y
México. Esta figura se reconoce a nivel constitucional nacional y por decisión
estrictamente popular en Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, países en los
cuales la figura del referéndum revocatorio se encuentra inserta en el capítulo
de los derechos políticos de sus respectivos textos constitucionales.
Con el fin de otorgar a las autoridades, con
mandato revocable, la posibilidad de cumplir con sus ofertas electorales y
demostrar idoneidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el desarrollo de
la función pública que les corresponda desempeñar: las legislaciones de Perú y
Ecuador norman de manera uniforme sobre el tema de temporalidad: que podrá
solicitarse la revocatoria del mandato, después de transcurrido el primero y
antes del último año de ejercicio de funciones del representante, salvo en el
caso de los jueces de paz; sin embargo, el artículo 111 de la constitución
ecuatoriana establece que, por actos de corrupción, “podrá solicitarse en
cualquier tiempo del periodo para el que fue elegido el dignatario”. Las
legislaciones de Colombia y Venezuela, restringen únicamente el periodo mínimo
del ejercicio de la representación popular, en un año y la primera mitad,
respectivamente.
Si la mayoría del electorado rechazara la revocatoria del mandato, ésta
no podrá ser solicitada nuevamente dentro del mismo periodo de funciones, de
conformidad con las legislaciones de Ecuador, Venezuela y Colombia. La
legislación peruana señala que deberán transcurrir dos años entre una consulta
y otra. En Bolivia, la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de nueva
Constitución Política del Estado, habiendo introducido la figura de la
Revocatoria del Mandato como un instrumento de democracia participativa,
aplicable a los mandatos de Presidente de la República, miembros del Órgano
Legislativo, Prefectos, Gobernadores y Alcaldes. Sin embargo, no especifica las
causas por las que procede, situación que podría facilitar la proliferación de
solicitudes infundadas o inducidas por intereses político – sectarios.
3. Revisión estadística de los procesos de
revocatoria
Las revocatorias en el Perú, se han dado en distritos pequeños y
alejados, con poblaciones menores. "Nunca en grandes ciudades o
regiones",
El 29 de
noviembre del 2009, se realizó la última consulta popular de revocatoria de autoridades
municipales. En 72 distritos de 20 regiones del país, se revocaron 67 alcaldes
y 271 regidores. Un 64% fue en áreas rurales y un 36% en el sector urbano.
En
las siete consultas anteriores se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades
municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3
%): 210 alcaldes y 847 regidores. Y se
desarrollaron como muestra el siguiente gráfico[4]: El año con mayor cantidad de
consultas de revocatoria a nivel nacional fue el 2008, superando los 1200
pedidos
La consulta popular de revocatoria del mandato de
autoridades regionales y municipales del 30
de setiembre será la
octava que llevará a cabo en nuestra historia electoral desde la entrada en
vigencia, en 1994, de la Ley
26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Se trata de la primera consulta
popular de revocatoria correspondiente al período de gobierno regional y municipal 2011-2014.
La ONPE [5]señala
que en las seis consultas populares de revocatoria realizadas entre 1997 y 2008
se desarrollaron, mayoritariamente, en áreas rurales de la sierra y con escaso
número de electores. En todos los casos, salvo en 2004, la proporción de las
localidades rurales fue superior al 60 por ciento. Hasta el año 2008 fueron
consultadas autoridades de 448 localidades rurales y de 254 urbanas. Asimismo,
el mayor número de distritos en los cuales se llevó a cabo consultas populares
de revocatoria ha pertenecido a la sierra. En todos los procesos hasta 2008, el
peso de esta región superó el 65% de localidades: el 83.1% en 1997; el 71.7% en
2001; el 70.7% en 2004; el 80.9% en 2005; y el 67.5 en 2008.
Otra
característica de las consultas populares de revocatoria hasta 2008 ha sido la
relacionada con el tamaño de la población electoral de las circunscripciones
involucradas. La mayor parte de la población electoral que participó en las
consultas populares de revocatoria en el ámbito distrital vive en localidades
mayores de mil y menores a 5,000 electores. La excepción fue en 2004.
Por otro
lado, durante la vigencia de la Ley de los de Derechos de Participación y
Control Ciudadanos, solo en seis oportunidades se han sometido a consulta
popular de revocatoria el mandato de autoridades con rango provincial. Estas
provincias fueron Sucre (Ayacucho), en 1997; Padre Abad (Ucayali) en los años
2001 y 2008; Ilo (Moquegua), en 2004; Casma (Ancash) y Julcán (La Libertad), en
2008. Las cinco provincias fueron circunscripciones con menos de 50,000
electores y la superficie geográfica de cada una no es muy extensa.
4. El
costo/beneficio económico y social de los procesos de revocatoria
Los mecanismos de democracia participativa fueron establecidos inicialmente
por dos corrientes; la primera en el espíritu de fortalecer y dinamizar la
democracia; vinculando a los ciudadanos
con la gestión pública, dándoles acceso al poder a través de de consulta popular, iniciativa legislativa,
o revocatorias de mandato; la segunda como crítica a la distancia del uso único
de la democracia representativa.
Sin embargo debe considerarse que el ejercicio de estos mecanismos de
participación debieran implicar una madurez política y responsabilidad social y
un capital social capaz de sobrellevar los cambios de mandato; para evitar que no se convierta la primera
intención en una oportunidad para revanchismos o manipulaciones políticas;
(observadas desde 1998). Los 7 procesos
revocatorios nos dejan algunos aprendizajes y conclusiones sobre la eficacia
del mecanismo de revocatoria para vincular y /o fortalecer la democracia:
·
La mayoría de
procesos de revocatorias planteados en la última década no han tenido los
efectos esperados debido al incumplimiento de los requisitos para sustentar las
causas. un 90 por ciento de kit electorales adquiridos para revocar a una
autoridad electa quedan desestimados o no siguen el trámite regular, ya que no
consiguen recolectar las firmas necesarias en respaldo a la revocatoria. sólo
entre la quinta y una décima parte de los pedidos consiguen que se realicen las
revocatorias. Es decir, son movilizaciones que responden a la insatisfacción de
minorías que no prosperan.
·
Los procesos de revocación del
mandato suelen generar inestabilidad en las gestiones locales, la mayoría de veces innecesariamente, si la
revocatoria no se hace con un sustento lo suficientemente razonable, puede terminar
por tener el efecto de distraer a una autoridad que busca, recién al terminar
su primer año en el cargo, cumplir una buena labor.
·
Las revocatorias se han dado en
distritos pequeños y alejados, con poblaciones menores. "Nunca en grandes
ciudades o regiones", Mayoría de consultas de revocatoria fue en áreas rurales de la sierra y con pocos
electores.
·
Bajo la premisa de la
insatisfacción sobre la gestión ; en la mayoría de casos los impulsores de las consultas
revocatorias suelen ser los perdedores de las contiendas electorales, en
algunos casos unidos; proceso de revocatoria se inicia con la intención
política de obstaculizar la labor de la autoridad elegida, es muy común que los perdedores de una
elección busquen revocar al ganador de los comicios con ataques sistemáticos
contra la gestión que recién inicia, lo cual, genera inestabilidad e
ingobernabilidad, alejado del principio de cohesión, tiende a la polarización
de los ciudadanos.
·
El rol de los medios de
comunicación en estos procesos suele ser importante en la polarización de las
posiciones o la integración de propuestas, los medios de comunicación pueden
mejorar o empeorar el clima político local y por ende apoyan o minan la estabilidad de la
gestión local, podemos observarlo en el caso de
Lima con la polémica mediática que le han cargado a la Sra. Susana Villarán
·
No se puede saber a ciencia cierta
el beneficio económico o social derivado de los procesos de revocatoria; en
términos de medir si el cambio de un mandatario genera un nivel de satisfacción
popular que comprometa al ciudadano con la gestión pública; de hecho el
espíritu del mecanismo mide la insatisfacción popular, más no conlleva
necesariamente a procesos de propuesta.
La revocatoria no resuelve la vigilancia ciudadana sobre la gestión local; como
si lo pueden hacer la rendición de cuentas u otros mecanismos de participación
y planificación. De otro lado, se estima que los costos al
Estado de la última elección nacional costó aproximadamente 160 millones de
soles. Tras una estimación ligera basada en porcentaje de electores
podríamos decir que cada proceso en Lima costaría 55 millones de soles. El
origen de los recursos privados de los revocadores no son tema del debate, pero
ciertamente ayudaría a la transparencia del proceso que fuesen de conocimiento público.
Finalmente,
considerando el concepto de gestión, que se
refiere a "la capacidad de administrar y hacer funcionar coherentemente
las partes de un todo". Una comuna, una provincia o una región, cada una
representa un nivel y un todo en sí diferente. "Conducir ese todo a un
fin dentro de un tiempo determinado" es gestión estratégica. Para esto es necesario establecer
tres puntos de partida: primero: la
conducción, requiere de un director del proceso, responsable, con capacidad de
liderazgo, capaz de trabajar en equipo y éste, a su vez, capaz de supervisar
técnicamente las actividades programadas; segundo, respeto
y cumplimiento de los plazos estipulados y
tercero, definición del fin o gran objetivo de ese todo, y al que
deben apuntar los objetivos particulares de cada uno de los componentes del
sistema, aún cuando haya una interacción recíproca entre estos también. Podemos
deducir que para que se logre cumplir con el sistema de planeamiento a nivel nacional,
que se ha ido ganando y fortaleciendo en el tiempo, para lograr los objetivos
nacionales es preciso contar con estabilidad en los gobiernos locales, desde la
integridad de la gestión. Es preciso contar con el tiempo suficiente para
vincular a los actores locales con la gestión,
contar con un equipo municipal cohesionado y cumplir los planes de
gobierno. Es así que la gestión estratégica se ve amenazada por el mecanismo de
revocatoria, sobretodo bajo los términos utilizados actualmente.
5. Opinan los expertos
Ernesto Álvarez [6] Presidente del Tribunal
Constitucional, cree que
instrumentos de democracia directa no encajan aún en un país como el nuestro. Y se deben buscar mecanismos más eficientes de control de
autoridades locales.
"A mi juicio
toda revocación es arbitraria" “Como profesor de Derecho Constitucional no
creo en la revocación como institución por cuanto el que ha sido objeto de
elección popular debe ser, si se quiere decir soportado y fiscalizado por los
años de mandato que le ha conferido la soberanía popular. A mi juicio, toda
revocatoria es arbitraria por cuanto si
soy elegido alcalde o presidente regional con un 30%, significa que mis
adversarios se unen y tendrán amplia mayoría en contra mía. Hace varios años ya
ocurre que los candidatos perdedores se unen en contra del ganador y este tiene
que dedicar su mandato a tratar de blindarse en contra de la revocación. Eso
pervierte su gestión…esto ha ido pasando en forma injusta, políticamente
hablando, en provincias. Hemos tenido que esperar a que se plantee la
posibilidad en Lima para que recién podamos reflexionar. ¿Es buena la
revocatoria o en todo caso regresemos a los mandatos cortos de tres años para
los alcaldes y punto?
La revocatoria es
una institución ajena al sistema representativo. La representación política
recién está madurando en el país, a ella le hemos injertado instrumentos de
democracia directa. Que también son ajenos a nuestra cultura porque
pertenecen a algunos Estados norteamericanos y a cantones suizos. La ley dice que no tiene que ser
fundamentada. Pero si no tiene ningún fundamento, teóricamente,
frente al alcalde elegido, todos los que hemos participado y hemos perdido en
el proceso previo, podemos unirnos y derribarlo.
Tenemos
representación política, y al mismo tiempo tenemos democracia directa.
Democracia directa funciona pero para otros temas, por ejemplo funciona a
manera de referéndum para temas que escapan a la representación política.
Baldo Kresalja[7]/columnista del diario La República (Perú).
La revocatoria es el ejercicio de la ciudadanía para quitarle el poder a
una autoridad elegida. El argumento en uso es que así como el pueblo soberano
eligió a una autoridad también puede después revocarla, que eso es la
democracia. ¿Cuál es el sistema en un determinado país más conveniente, cuál es
más eficaz, cuál conlleva mayor y mejor representación, cuán oportuno es usarlo
en determinado momento?
La revocatoria en un
país de las características geográficas, étnicas, económicas, educativas, etc.,
del Perú, lo que ocasiona en la vida cotidiana no es el goce por el triunfo
momentáneo de tal o cual posición, sino potenciar nuestra debilidad
institucional, fragmentar políticamente más aún el país de lo que ya está,
impedir el inicio y consolidación de propuestas de largo plazo que tanto
necesitamos, desanimando las tareas públicas. La revocatoria de un
alto número de alcaldes es fruto de un sistema electoral que no consolida al
ganador sino que lo debilita, más allá por cierto de que algunos revocados
hayan sido unos sinvergüenzas. Eso es lo que debería debatirse.
Fernando Tuesta Soldevilla.[8] Analista político y ex jefe de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) - “La revocatoria, en general, ha sido basada
en la venganza política””no creo que entre 1997 y 2009, la democracia en
nuestro país haya mejorado a nivel municipal y no lo digo porque en este caso
se trate de Susana Villarán.
“La revocatoria no existe en la gran mayoría
de países, pero sí en aquellos de gran inestabilidad política, regímenes
populistas y autoritarios. Ahora resulta que algunos entusiasmados que tanto
critican al "chavismo" están utilizando los instrumentos que han sido
piezas claves para enfrentar a las oposiciones en ese país.”
Percy Medina.[9] Secretario general de Transparencia
"Éste debe ser el último mecanismo frente a una autoridad que no cumple
sus funciones y promesas. Se trata de un derecho legítimo de la población que
debe ser asumido en forma responsable" Además acotó: “Los promotores de
procesos de revocatoria deberían establecer mecanismos de transparencia para
explicar el origen de los recursos que les permiten impulsar dichos pedidos,
De otro lado, como
representante de los gestores :
Rafael Santos[10] alcalde de Pueblo Libre, “los procesos de revocatoria, no solo
perjudican la gestión metropolitana sino también, los proyectos programados por
la comuna capitalina”. El burgomaestre señaló que esta
desestabilización impide la marcha regular para la ejecución de obras en los
distritos.
Legisladores[11]
de diversas bancadas expresaron que es necesario corregirlo para prevenir su
mal uso. Asimismo, reconocieron que consiste en un instrumento democrático y no
debe eliminarse.
Freddy Otárola, El vocero parlamentario de Gana Perú- refirió que si bien la
revocatoria es una opción democrática del pueblo frente a una autoridad que
está gobernando mal, debe buscarse la
forma de evitar que sea usada como herramienta de venganza política.
Fernando Andrade, portavoz alterno de Alianza Parlamentaria, actual Alcalde de Pueblo
Libre, opinó que es prematuro abrir la
revocatoria al cumplirse en el primer año de la gestión edil, ya que es un
periodo muy corto para mostrar resultados, sobretodo, cuando los proceso de
inversión requieren de tiempo y los equipos de gobierno recién se afiatan en el
cargo en los primeros meses.
Fernando
Andrade, ex alcalde de Miraflores, consideró que la
revocatoria, tal como está planteada, genera inestabilidad en la gestión edil, repercute en la labor de los
funcionarios y desalienta el desarrollo de inversiones en la ciudad.
El legislador Luis Iberico, de la
Alianza por el Gran Cambio, lamentó que un mecanismo que debería ser un derecho
participativo del pueblo, sea “manoseado” por actores políticos que perdieron
las elecciones, y que unidos a otros intereses, buscan perjudicar a las
autoridades.
“Hay que poner exigencias, parámetros,
para que no se haga la revocatoria por hacer, porque esto debilita el sistema
democrático, y crea situaciones de incertidumbre en gobiernos locales y
regionales, que tienen que perder tiempo de su gestión para enfrentar esa
situación”, indicó.
Asimismo, Luz Salgado, de Fuerza
2011, manifestó que la revocatoria es perfectible y debe ser evaluada en el
marco de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la
Constitución, junto al referéndum, la iniciativa popular y la rendición de
cuentas. Señaló, no obstante, que por tratarse de instrumentos que canalizan el
sentir del pueblo hacia sus autoridades deben mantenerse. “Así como el pueblo
te da el voto, el pueblo tiene derecho a quitártelo, hay que mantener esa
potestad”, añadió.
6.
Reflexión Final:
La revocatoria de mandato
cambia cualitativamente la democracia representativa. Entendiendo a la
democracia como el ejercicio del gobierno de la gente, no solo cada cierto
tiempo en las urnas, sino durante todo
el periodo estipulado, que como implica
reconocer y proteger los derechos, también implica actuar desde de los deberes, El control y
vigilancia de la gestión pública cuenta con otros mecanismos, más efectivos y
fundamentados y que llevan consigo una carga más integral de deberes y derechos,
más que de demandas.
Aplicando
un principio sobre gestión de riesgos : Menos vulnerable equivale a más
sustentable. Por el fortalecimiento de la gobernabilidad, se debe contar con mecanismos adecuados y
afinados para hacer de nuestros procesos de gestión procesos menos vulnerables,
más sustentables, legítimos y transparentes.
El ejercicio de
la revocatoria del mandato, por sus connotaciones en la estabilidad política e
institucional del Estado, implica un
alto grado de madurez política y responsabilidad ciudadana. Por ello, y una vez
que diferentes grupos ciudadanos, a nivel nacional y en determinadas
circunscripciones han iniciado procesos revocatorias locales se hace importante
reflexionar sobre el tema. Se debe
evitar que se use como instrumento para la inestabilidad política, dirigida por
los perdedores de las elecciones, que tergiverse la esencia de la democracia.
Una manera positiva de ver las revocatorias es: más que una prueba a la autoridad, son una
muestra sobre el grado de gobernabilidad de una localidad, miden la actividad
social en términos de la insatisfacción y la expectativa, la frustración, no la
propuesta, nos habla de una comunidad que se puede cohesionar en función de
enemistades pero no de proyectos.
Una figura bajo la cual sería absolutamente válida la revocatoria, sería
si hubiesen hechos visibles de corrupción o desatención a los derechos humanos.
Sin embargo sería más adecuado a nivel normativo para evitar las dos causas por
las que existe la figura legal de la revocatoria:
a.)
Pérdida de la legitimidad: modificando el periodo
de gobierno de 4 a 3 años, dando la posibilidad de una reelección si cuenta con
apoyo popular.
b.)
Casos de corrupción: limitando a una, la
posibilidad de reelección. Y
fortaleciendo el mecanismo de rendición de cuentas aplicándolo no solo a
los presupuestos participativos sino también a toda la gestión.
Sin embargo en la práctica,
las causas no fundamentadas de revocatoria llevan a que gobiernos que se gestan tras él:
“no importa que robe con tal que haga”, pasen por alto; pero aquellos cuya
oposición política sea “el no me simpatiza” sean valederos, como ejemplo el
caso de Lima Metropolitana; por esto se recomienda la modificación y creación
de otros mecanismos de control, que sean más eficaces y menos manipulables.
Un
gran problema que genera esta figura legal
es su contraposición con el enfoque estratégico; es decir con tiempos
determinados; con los que los gobiernos locales a nivel nacional, están
comprometidos tanto para la planificación como para la gestión de
proyectos. La reactivación de la
democracia como ejercicio es válida, claro;
si apoya a la consecución de los objetivos locales y nacionales. Pero si
se utilizan recursos del Estado para convertir de este ejercicio en una
encuesta de popularidad, carecería de sentido práctico y distrae la atención de
temas más relevantes para los gestores locales. Es así que los procesos de
revocatoria del mandato suelen alimentar la visión cortoplacista de la
población, generalizado desconocimiento de las implicancias futuras del
resultado; contraponiéndose al logro sostenido de los objetivos locales.
Sobre
la participación ciudadana
Los procesos de planificación de los gobiernos
locales en el Perú han sido, por diversos frentes, objeto de informalidad o
demagogia; menguando su credibilidad y
validez. En este sentido, el rol de la institucionalidad en el país se hace
latente; la carestía de representatividad institucional en los procesos de
planificación, debilita las propuestas de planeamiento. La influencia del
interés, grado de participación y compromiso ciudadano se traduce en solidez de
las alianzas establecidas por los actores locales para la implementación de
proyectos prioritarios, transversales e integrales. La priorización y temporalidad de los
proyectos, así como la claridad en el diseño de estrategias apropiadas para la
realidad local, dependen en su esencia de la cualidad institucional de cada localidad. Cualidad que precisa de
cierta estabilidad en los tiempos y equipos formados, y que puede vulnerarse
con procesos de participación mal llevados, como el de la revocatoria.
¿Qué
sería de nuestras localidades si toda la energía invertida a favor y en contra
de las revocatorias, lo estuviese en
otras convocatorias de participación ciudadana, tales como la planificación concertada y gestión
organizada de las localidades? ¿Cómo sería si los procesos de planificación
local, trabajos comunales, comités de gestión, comités de vigilancia, entre
otros procesos participativos, contaran con la cobertura mediática que le
vienen dando sólo al proceso de revocatoria de autoridades de la Ciudad de Lima
y en particular de la Municipalidad Metropolitana de Lima?
