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lunes, 14 de mayo de 2012

Reflexiones del IV Diálogo Regional “Identidad e identidades: potenciales para la cohesión social y territorial”



Autor: Isabel Claros Abarca[1]

Importancia de la Identidad para el compromiso con la Gobernabilidad
Aportes de las identidades a los procesos de  gobierno

Sumario:
  1. Resumen del evento
  2. Mesa 1: Las políticas públicas locales con un enfoque integrado de identidad: iniciativas,  aprendizajes y experiencias.
  3. Mesa 2: Identidad, identidades, cohesión social y convivencia
  4. Mesa 3: El enfoque de la identidad cultural como potencialidad para el desarrollo económico y territorial
  5. Conclusiones del Diálogo

  1. Resumen del evento
Con el objetivo de impulsar un debate multinivel que vincule proyecto de ciudad, identidades, cohesión social y desarrollo territorial, se llevó a cabo  los días 28 y 29 de marzo del 2012 el IV Diálogo Regional “Identidad e identidades: potenciales para la cohesión social y territorial”, Organizado por la Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) del Programa URB-AL III en colaboración con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y PNUD Bolivia, en instalaciones del Museo de Etnografía y Folklores en La Paz- Bolivia.  El diálogo formó parte de las estrategias de URB-AL III, programa de cooperación descentralizada de la Unión Europea, integrado por 20 proyectos con impacto directo en 75 territorios latinoamericanos (más de 500 municipios);  cuyo objetivo es contribuir a incrementar el grado de cohesión social en las colectividades subnacionales y regionales de América Latina.

Un centenar de personalidades de 10 países de América Latina y Europa - entre ellos autoridades de distintos niveles de gobierno, expertos, miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales - participaron durante dos días en el IV Diálogo Regional ; países como: Bolivia, Perú,  Colombia, Ecuador, Brasil y España, participaron en las 3 mesas de debate en base a sus experiencias y expectativas sobre el tema de cohesión social e identidad,  explorando los siguientes items:

a.)  Las políticas públicas locales con un enfoque integrado de identidad: iniciativas,  aprendizajes y experiencias.
b.) Identidad, identidades, cohesión social y convivencia
c.) El enfoque de la identidad cultural como potencialidad para el desarrollo económico y territorial

El IV Diálogo Regional se estructuró sobre la base de las siguientes premisas.

Primero, la identidad territorial y el sentido de pertenencia asociado pueden jugar un rol
clave de cara a la obtención de objetivos colectivos de desarrollo y cohesión social local.
Por lo mismo, su fomento debe ser visto como parte intrínseca de un proyecto político
local en pro de la cohesión social y el desarrollo territorial.

Segundo, la existencia de una identidad territorial es compatible con la de otras
identidades (cultural, étnica y de otra índole) y los sentidos de pertenencia asociados a
ellas. La adopción de la idea de cohesión social como motor de la acción pública y de la
gobernanza democrática, por su parte, requiere la gestión de las diferencias y de los
conflictos que la multiplicidad de identidades pueda generar.

Tercero, las identidades presentes en un territorio pueden convertirse en potenciales
factores de desarrollo económico local y desarrollo territorial. Por lo mismo, estas pueden
convertirse en pilar de una estrategia integral de territorio que sea capaz de aprovechar y
canalizar su potencial. 

Cuarto, el ámbito local es el más propicio para la generación de políticas públicas con un
enfoque integrado de identidad, esto es, para la incorporación del valor de la identidad
de manera trasversal e integral en las diferentes políticas que buscan directa o
indirectamente un aumento de la cohesión social.

El diálogo euro-latinoamericano exploró el potencial de la identidad y el sentido de pertenencia para el impulso del desarrollo y la cohesión social de un territorio. Durante el encuentro se analizaron políticas públicas locales con enfoque integrado de identidad y se debatió sobre los retos para alcanzar una convivencia ciudadana adecuada y los potenciales de la identidad cultural para el desarrollo económico y territorial.

Al respecto, los participantes subrayaron que la identidad es un activo fundamental para el desarrollo a través de la valorización del saber y la acumulación cultural propia de los territorios. Asimismo, se coincidió en la necesidad de replantear los modelos vigentes de desarrollo para incluir la identidad como un elemento central, se reconoció que no existen “recetas mágicas” para unos retos tan complejos y se enfatizó que la primera asignatura pendiente en la región es la lucha contra las desigualdades.

“El reto de las administraciones locales es lograr que la identidad deje de ser factor de exclusión y se convierta en factor de inclusión”, indicó Pedro Susz, director de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. “Tenemos que dejar de hablar del pasado para hablar del futuro. Hay que construir el futuro desde la participación pública y la cultura. La cultura tiene un rol integrador, mediador de conflictos e innovador”, declaró Michel Azcueta, director de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima (Perú). “Hay que responder a los retos del siglo XXI desde nuestras identidades”, agregó.

Durante los debates, se reconoció que demasiado a menudo se ha enfatizado la identidad como elemento de confrontación y diferenciación, lo que ha dado origen a una gran cantidad de conflictos. Al respecto, Marco Aparicio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona (España), enfatizó que “tenemos que reconocer lo que nos separa como fundamento de lo que no une”.

Por su parte, Norman Wray, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, apostó por “reconocer la importancia del elemento identitario para construir normas y leyes a partir de las identidades, lo que significa un proceso construido desde abajo”. 

Como  parte del evento y durante el acto de bienvenida el alcalde de La Paz, Luis Revilla  entregó títulos a cuatro alcaldes que fueron nominados como Huéspedes Ilustres de la ciudad Nuestra Señora de La Paz.  Entre ellos, Rufino David Canal – Alcalde Distrital de Ollantaytambo, Perú y Romel Ullilen Alcalde de Barranca - Perú.

El IV Diálogo Regional fue impulsado por la Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) del Programa URB-AL III, liderada por la Diputación de Barcelona, y cuenta con la colaboración del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz , PNUD Bolivia y la Delegación de la Unión Europea (DUE
).[2]

2.    Mesa 1: Las políticas públicas locales con un enfoque integrado de identidad: iniciativas,  aprendizajes y experiencias.
Las preguntas centrales de la primera mesa de debate giraron en torno a:
-       ¿Porqué es relevante que las administraciones locales contemplen el tema identitario en el diseño de sus políticas públicas?
-       ¿Cuáles son las condiciones de partida de las políticas públicas locales con enfoque integrado de identidad?
-       ¿Cuáles son los mayores retos a enfrentar para construir sociedades más cohesionadas en las que la identidad común está puesta en duda?

Dando como resultados : La importancia de comprender la multiplicidad de identidades dentro de un territorio, como reto de coexistencia y transformación, para formar una conciencia política- social que sirva de base y soporte a la cohesión social de dichas multiplicidades . Esto se traduce en  la construcción de una ciudadanía intercultural.  Las tensiones sociales derivadas de la  multiplicidad, como redes coorporativas que pugnan en la construcción pública, también constituyen tensiones positivas que pueden tender puentes  de empatía, solidaridad o por el contrario, violencia

Como ejemplo: El 27 y 28 de febrero del 2011 se produjo el deslizamiento de tierras más grave en la ciudad de La Paz, que puso a prueba el sistema de valores de la ciudad de la Paz, revelando  una voluntad y solidaridad  unánime hacia los afectados. Comprobando un sistema de valores solidario y movilizador.

El reto pendiente, no solo de los gobiernos locales, sino de la sociedad en general, es iniciar procesos de cohesión social que puedan ser permanentes ;  generar modelos propios a través de un  sistema de valores( sentir pertenencia, cultura, solidaridad, confianza, legitimidad, asociatividad, tolerancia y construcción de tejido social, ) y un sistema normativo que lo acompañe. Los procesos de institucionalización pública, a través de la transparencia, la eficiencia y el adecuado  planteamiento de las políticas públicas    coadyuvan a la generación de confianza y legitimidad de las instituciones , lo cual redunda en el ejercicio pleno de la ciudadanía de todos los actores locales.

En la exposición de Michel Azcueta de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima (Perú); se enfatizó en la importancia que han cobrado en la última década los temas de Cultura e Identidad  , ya que ambos son la base y esencia de nuestros modelos de desarrollo;  el enfoque identitario llevaría a replantear y discutir la coherencia de los actuales modelos de desarrollo respecto a la visión de cada pueblo y la conformación de la sociedad mundial del siglo XXI. Es así que podemos evaluar la pertinencia de los modelos de desarrollo desde las identidades de cara al siglo XXI.

De otro lado,  señaló que el concepto de lo público y de la gestión pública está cambiando, la gestión pública democrática es de doble vía. Es también de la ciudadanía.  Se cuestiona si la gestión pública se debe limitar a la normativa administrativa o debe extenderse a la acción ciudadana, para comenzar a entender lo público como ciudadanía.  Por citar un ejemplo : la acción de las instituciones y ciudadanos de un territorio (por ejemplo los universitarios) como parte del accionar público ¿es gestión pública, sea este coordinado o no con los gobiernos locales?. Cambiar el concepto de lo público como ciudadanía es un paso adelante en la gestión. Si se entiende el fortalecimiento de las identidades, la importancia de los aportes de cada uno  en la construcción de cultura y el rol de cada uno de los distintos actores que conforman una comunidad. El aporte de la identidad y la cultura como base de una visión, un modelo y un plan; es que nos da la libertad de escucharnos los unos a los otros y reconocer que la gestión pública real es de doble vía; tanto de las autoridades a la ciudadanía como de la ciudadanía a las autoridades.
“LA IDENTIDAD COMO FUTURO”
La identidad de un pueblo es continua, dinámica y puede cambiar;  por ejemplo Bilbao, ciudad industrial transformada por voluntad política en una ciudad de turismo y cultura. El proceso de reconocer la institucionalidad que debe de sostener la construcción de la identidad; la base desde una gestión pública es tener un pueblo organizado; la organización de los actores locales con sus identidades aporta en la construcción de una identidad local, regional, nacional o universal. 

La cultura está normalmente asociada al pasado, sin embargo el rol integrador de la cultura viene de su asociación inherente al presente y al futuro.  Desde su rol:  integrador,  mediador de conflictos e  innovador;  la identidad y la cultura se constituyen como una fuerza movilizadora de hacia el futuro. El reto y obligación desde nuestra comunidad será  aportar  desde las culturas e identidades de nuestros pueblos  a la construcción de una cultura universal muy distinta, solidaria y democrática al siglo XXI.

Gabriela Niño de Guzman, Presidenta del Concejo Municipal de La Paz (Bolivia) manifestó  que la multiplicidad de  identidades se relacionan con multiplicidad de los  intereses de la población; por este motivo la construcción de la norma debe responder a las representaciones identitarias. La necesidad de la ejecución de la norma debe responder a cohesionar los intereses, vistos como objetivos en común, reconociendo las diferencias y la base en común entre todos los agentes de desarrollo de un territorio.  Señaló además que con el fin de construir ciudadanía es preciso facilitar el acceso a la información, solo de esa manera se podrá establecer un dialogo real de las partes involucradas: “Para que los ciudadanos tengan un criterio propio deben contar con acceso a la información”
“SE LEE LO QUE NO SE DICE”
Freddy Heredia , Concejal del Distrito metropolitano de Quito (Ecuador) ;  planteó reflexiones sobre la lectura de las identidades y de los discursos culturales a través de las expresiones  no dichas (léanse, modos de consumo, ropa, vivienda, intereses,  costumbres)  Se lee lo que no se dice, el gestor público debe saber leer estas expresiones identitarias para su labor y la construcción de normas y espacios.  ¿Cómo lograr espacios de convivencia y no solo de consumo? Es un reto pendiente, que se puede comprender desde esa lectura de la complejidad. Pensar el espacio para todos los habitantes, diurnos y nocturnos, jóvenes, niños, mujeres, ancianos. ¿Qué nos dicen nuestras ciudades de inclusión social?


3.   Mesa 2: Identidad, identidades, cohesión social y convivencia

Las preguntas centrales de la segunda mesa  fueron :
-       ¿Cuáles son las claves para construir convivencia en sociedades signadas por clivajes identitarios fuertes?
-       La construcción de convivencia ciudadana en territorios con mucha diversidad ¿Necesita instrumentos de política pública específicos?
-       ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en la construcción de ciudades plurales, inclusivas, y con un buen nivel de convivencia?

“RESPONDER QUIENES SOMOS, VINCULA A LAS GENERACIONES”
Tirso Puig Director del proyecto ¿Quiénes somos? , un proyecto sobre identidad trabajado con jóvenes de El Alto, La Paz- Bolivia,  llegó a las siguientes conclusiones: La ciudadanía debe tener un rol importante en la construcción de convivencia; para lograr esto se debe  escuchar a los jóvenes; el gobierno debe relacionarse con la comunidad desde el colegio, de manera que lo participativo convierta a los ciudadanos en  protagonistas de su rol de desarrollo.
Utilizando la memoria y el  reconocimiento de pertenecer a una cultura e historia; el proyecto promovió la construcción de espacios de comunión a través de la diferencia. En un proceso de derruir mitos y construir identidades se inicia el proceso de participación social con los jóvenes.  El contacto cultural en los nuevos contextos urbanos  significa muchas veces reconstruir identidad,  recrean nuevas relaciones de pertenencia al territorio y la comunidad; así como relaciones de confianza en la institucionalidad.

Para proyectar  incidencia en su espacio, los jóvenes pueden abrir escenarios que los vinculen a sus roles ciudadanos. El reconocimiento de su tradición valida a los jóvenes a tomar la palabra y rol público. Responder quienes somos, vincula a las generaciones.

Una forma de promover esta participación es a través de  expresiones artísticas para la expresión social, del ¿quiénes somos? y sobre todo ¿qué queremos hacer? 

“TODOS SOMOS GOTAS DE UN MISMO RIO”

Ati Quigua: Líder de la comunidad Arauca (Colombia) manifestó desde su experiencia como joven, mujer e indígena, ¿qué significó trabajar desde sus identidades? Y lo difícil que puede tornarse incluir sus aportes a un sistema que no está preparado para ello. Dentro de sus conclusiones de vida manifestó:  “La ideología divide , pero la tierra une; la identidad con el medio ; el sol,  la  tierra, el aire que compartimos, es la identidad que integra cualquier diferencia. Todos somos gotas de un mismo rio. Es fundamental avanzar en un orden de convivencia entre géneros y con la naturaleza. Donde el estado, mercado y gobierno deben alinearse a esa convivencia.”
El reflejo del estado cultural de un pueblo es su trato al medioambiente.  Debe haber un equilibrio entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En la actualidad en Colombia existen  70 000 desplazados por temas económicos y de energía.  Es difícil hablar de inclusión social bajo el parámetro del mercado, un parámetro que se ve fortalecido frente al raquitismo institucional de la agenda política  en cultura y medioambiente; por dar un ejemplo, en Colombia 75 000 estudiantes graduados, pero solo el 10% va a universidades;  siendo así ¿de qué inclusión social hablamos?; siendo así las formas de participación ¿serán efectivas?; solo cuando los temas de cultura y medioambiente hayan tomado real  importancia en la agenda política de los gobernantes, podremos hablar de pasos concretos hacia la convivencia y la cohesión social.

“LAS IDENTIDADES SE RESUELVEN EN EL ESPACIO PÚBLICO”

Daniel Fernandez, Jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Bolivia); manifestó :  En Bolivia, el tema de la pluriculturalidad se está comenzando a desarrollar. La mayoría de representación anima a participar con mayor fuerza en las demandas públicas; la capacidad de movilización de demandas sociales, genera  construcción de identidad. Este fenómeno se entiende en la experiencia de El Alto , que se ha convertido en el espacio público por excelencia en Bolivia, para la manifestación de demandas sociales y reafirmación de temas identitarios. El rol de la ciudadanía ha sido clave, pero es preciso agregar a temas de cultura e identidad urbana los temas  del espacio público; para dialogar modelos de desarrollo es preciso hablar de espacio público.

En este fenómeno, la compresión del gestor público sobre el uso del espacio es fundamental; el gestor público debe pensar en todos los matices culturales para el uso del espacio.  Promover el uso del espacio para el dialogo que es el fortalecimiento de la democracia (plazas de dialogo o plazas de delincuencia, plazas de concurrencia o de paso) ¿Como dialogar ciudadanía sin espacio?  Para que la cultura e identidad urbana, contemplen  el dialogo y no solo el transito; se precisa la comprensión del espacio público.

4.    Mesa 3: El enfoque de la identidad cultural como potencialidad para el desarrollo económico y territorial
-       ¿Atendiendo las posibilidades de desarrollo y de proyección de un territorio, que facilita el contar con una convivencia ciudadana aceptable?
-       ¿Por qué es el patrimonio cultural un punto de referencia para una estrategia efectiva de desarrollo?
-       ¿Cuál es el rol óptimo del gobierno territorial en la promoción y protección de productos, patrimonio y servicios con identidad cultural?
“DESCUBRIR Y PROMOVER EL ESPACIO NOS UNE” ¿Cómo tramitar la diferencia para proponer soluciones comunes?
Los retos de los gobiernos territoriales consistirán en  generar espacios de negociación de lo local a lo global, encontrar los aportes de la cultura e identidad local hacia una comunidad global. Identificar el momento del territorio para la construcción de convivencia,  significa  descubrir y promover el espacio nos une,  que aporta al ejercicio de compartir; la noción de espacio público debe ser compartida por las diversas identidades, haciendo de los territorios espacios vivos, donde las diversas identidades se expresen y confluyan hacia el diálogo. Sólo se puede entender la convivencia, desde el respeto; valor fundamental que viene desde el reconocimiento de todos como agentes de desarrollo.  Reconocer el valor del individuo y de las comunidades que conforman como agentes activos, participantes y protagonistas del desarrollo y la práctica de la identidad, se debe traducir en políticas públicas que promuevan este reconocimiento.
De otro lado se analizó las limitaciones de lo administrativo frente a lo territorial. la territorialidad, supera los límites artificiales y debemos repensar el territorio; por ejemplo comenzar a utilizar el enfoque de cuencas hidrográficas que une comunidades en torno a la territorial, utilizando para ello la estrategia de alianzas y mancomunidades ; aporte presentado por el Alcalde de Barranca : Dr. Romel Ullilen Vega


“LA CONCEPCIÓN DEL TERRITORIO ES CULTURAL”
Los procesos de auto demarcación del territorio se enriquecen gracias a los aportes culturales de sus habitantes, el uso del territorio conlleva  identidad por ser el lugar del patrimonio y del cómo hacer de sus habitantes, sus usos y costumbres, sus respuestas particulares al medio que los rodea e integra.
El plan de desarrollo del estado ¿define la vocación del territorio? Es preciso incluir políticas institucionales que reconozcan las potencialidades y capacidades de  los colectivos que administran el territorio

  1. Conclusiones del Diálogo
Los participantes en el IV Diálogo Regional de La Paz concluyeron que la identidad constituye un activo fundamental para el impulso del desarrollo sostenible de las ciudades y no debe verse como factor de exclusión sino de inclusión. El director ejecutivo de la Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) del Programa URB-AL III, Octavi de la Varga, durante la presentación de las ideas-fuerza del encuentro. “El debate sobre la identidad no puede separarse del debate sobre los modelos de desarrollo (…) y hay que reconocer las capacidades de los territorios”, agregó.

Cohesión social no es homogenización,  sin embargo aprovechar las visiones y modelos,  de interpretación, que las identidades  pueden aportar a un proyecto colectivo, visión de desarrollo, construcción de ciudadanía y comunidad; constituye un paso significativo hacia la cohesión social; en pos de generar oportunidades que transformen  la exclusión en inclusión. El fomento de una sana convivencia proviene del conocimiento y reconocimiento de la riqueza o valor de cada ciudadano; aprovechar los aportes de cada cultura,  modelos arquitectónicos, institucionales, etc.. para construir ciudad intercultural.
Construir convivencia ciudadana proviene de la comprensión de que todos somos hombres individuales con los mismos derechos con distintos saberes y con la posibilidad de un mismo futuro.
Si bien la pluriculturalidad no asegura un escenario sin conflictos, negociar una agenda conflictiva para lograr el desarrollo...es la vía y paciencia  es la forma. Abrir los espacios políticos y territoriales al diálogo y la gestión de la pluriculturalidad,  Orientar la gestión y dirección de conflictos dentro de un marco del derecho, afirma el crecimiento de una comunidad hacia un desarrollo verdaderamente concertado basado en la cohesión social.
Como dice Joan Prats  ”La mejor ciudad es la que reconoce los conflictos y los gestiona”


[1] Especialista en Plneamiento Estratégico y Gestión –cultural, Responsable de Programas y Proyectos de  A&R Consultores: www.ayrconsultores.org

sábado, 21 de enero de 2012

“Revocatoria de Autoridades: ¿ejercicio democrático o escollo a la gobernabilidad?


Autora: Isabel Claros Abarca[1]

SUMARIO
1.    Introducción
2.    Antecedentes del establecimiento y uso del derecho de consulta para la revocatoria
3.    Revisión estadística de los procesos de revocatoria
4.    El costo/beneficio económico y social de los procesos de revocatoria
5.    Opinan los actores
6.    Reflexión final

1.   Introducción

Dentro del marco de reflexiones sobre el país que esperamos construir y legar al 2021 en términos de gobernabilidad, es conveniente darle un vistazo al estado de  las bases de nuestra democracia, tanto a nivel  de derechos como de deberes. El Perú ha sido la suma de muchas corrientes externas en términos de normativas y enfoques de gobierno, es así que tenemos en nuestro sistema democrático figuras aparentemente opuestas; que mal entendidas pueden ir en contra de la esencia de la democracia y las bases de la gobernabilidad local, regional y nacional. Es así que tenemos cada cierto tiempo oportunidad de ejercer la democracia representativa, eligiendo a nuestras autoridades por un periodo de tiempo, para que asuman el poder o el mandato local, regional o nacional en cumplimiento de la oferta electoral;  la democracia representativa debería conducir al compromiso ciudadano con las autoridades por dirigir los esfuerzos hacia objetivos comunes; lastimosamente esto no suele plantearse en esos términos y la democracia es mal entendida como el ejercicio de un día, el de votación.  Es así que se da paso a la figura de la democracia participativa, fundamentada en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley N° 26300, que señala los derechos y mecanismos por los que la ciudadanía puede accionar o fiscalizar sobre los niveles de gobierno.  Desde la dación de la Ley N° 26300 ningún período municipal ha pasado sin que se produzca un proceso de consulta popular de revocatoria. La pregunta planteada es la siguiente ¿En qué medida la democracia participativa, específicamente los mecanismos de democracia directa apoyan o minan; fortalecen o vulneran la gobernabilidad e institucionalidad, local y regional y por ende nacional?
  
Y sobre los procesos específicos de revocatoria, ¿en qué medida y bajo qué condiciones esta institución podría contribuir a limitar la corrupción y fortalecer la democracia o, por el contrario, a incrementar las pujas entre partidos políticos y/o grupos de poder y la inestabilidad institucional? Algunas de las preguntas guía son: ¿la revocatoria de mandato cambia cualitativamente la democracia representativa? ¿Cómo se activan estos mecanismos en diferentes países? ¿Qué actores se muestran más activos en iniciar procesos revocatorios y por qué causas? ¿Hay patrones comunes entre los casos? ¿Qué garantías existen para el ejercicio de estos derechos ciudadanos? 


2. Antecedentes del derecho a Consulta Popular de Revocatoria Autoridades
La revocatoria del mandato, es entendida como un derecho político, así como un mecanismo de democracia directa, presente en las denominadas”democracias participativas”. La revocación es un mecanismo político, es legal, incluso constitucional. Su uso es legítimo, es un mecanismo que el derecho constitucional permite a los perdedores de una elección y obviamente su uso es de carácter político.
En el Perú, el concepto está detrás de la discutida Constitución de 1993, de la época fujimorista, que incorpora los llamados mecanismos de democracia directa, vistos en abstracto uno dice: es democrático, es interesante, pero cuyo origen  provenía del contexto de los 90’s: la crítica a la democracia representativa basada en partidos y los formalismos rígidos de la institucionalidad de entonces.  Es conocido que a nivel latinoamericano, la figura de democracia directa es una de las preferencias de los gobiernos autoritarios, generalmente apoyados por campañas costosas y con algún control sobre los medios de comunicación, utilizadas sobre poblaciones fácilmente influenciables, culturalmente lejanas a la práctica democrática, y con generalizado desconocimiento de las implicancias futuras del resultado. Entre los países que utilizan este mecanismo podemos citar a Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina
Juan de la Fuente del diario La República nos explica:[2] “La revocatoria es, sobre todo, un derecho reconocido en la Constitución; su existencia enriquece los derechos políticos, particularmente el de sufragio y otros conexos como el de demandar al poder. Incorporado en el texto de 1993 (artículos 2° inciso 17 y 31°) amplía el alcance del artículo 64° de la Constitución de 1979 con mecanismos de democracia directa y de participación.  
El derecho de participar en los asuntos públicos asume tres formas: Derecho de elección, democracia directa (referéndum, iniciativa legislativa y revocación de autoridades); y de participación ciudadana (rendición de cuentas). La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos precisa que son derechos de participación la iniciativa de reforma constitucional y de leyes, y de referéndum, y que son derechos de control, la revocatoria y remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. 
Allí reside el ámbito político de la revocatoria; opera como una forma de control político ciudadano y colectivo, un mecanismo de censura en la misma dirección de otras censuras, como la parlamentaria. Esa naturaleza obliga a un procedimiento, en este caso las firmas, pero el asunto de fondo es el cuestionamiento político a la autoridad y su rechazo a ella, motivado aunque no necesariamente probado. 
El derecho reconocido y el control que de él nace, como contenido del principio de la representación, es criticado por quienes absolutizan su condición de democracia directa y se sienten satisfechos con la democracia representativa, aunque la revocatoria es también criticada por quienes sostienen que es una evidencia que el sistema político peruano es demasiado abierto.”
Otra hipótesis a favor es la siguiente: Todos los cargos de elección popular debieran ser susceptibles de revocación, como instrumento necesario para generar nuevos espacios de responsabilidad de las autoridades por el ejercicio de la función pública y con el fin de facilitar la identificación representante – representado. De esta manera, se genera el consenso popular y, por tanto, se fortalece la legitimidad de las autoridades elegidas, sus actos de gobierno y sus decisiones. Sin embargo no existen pruebas de que en la práctica esto funcione así; por el contrario su uso habitual al estar teñido de intenciones políticas, normalmente revanchismo, más que integrar puede polarizar a la población y distraer el tiempo de los gestores y ciudadanos de los temas centrales de la gestión en curso.
Las causas  idóneas para solicitar la convocatoria de una Consulta Popular de Revocatoria son: 

- Actos de Corrupción
- Violación de Derechos Humanos
- Pérdida de Legitimidad[3]

         Sin embargo en el caso peruano, no se establecen las causas; según la normatividad actual, cualquier ciudadano ejerce ese derecho sin necesidad de probar sus motivos y los motivos pueden ser absolutamente subjetivos.  La solicitud de revocación debe ser motivada o fundamentada. Sin embargo, las autoridades electorales no deben evaluar ni calificar los motivos por los cuales se solicita la revocación y la ley no exige probar los motivos que sustentan el pedido de revocación. Este detalle es importante y discutible ya que de un lado se presenta como una garantía de acceso a los mecanismos de democracia por parte de cualquier ciudadano, también se presta al mal uso político de agrupaciones contrarias, tanto políticas como económicas (sólo como referencia tenemos los casos de Susana Villarán en Lima y Gregorio Santos Guerrero  en Cajamarca)


La revocatoria en otros países
En algunos países, como Suiza, el uso de diversos sistemas de democracia directa es ampliamente utilizado y tiene aceptación mayoritaria. País pequeño, con comunidades culturalmente uniformes, étnicamente similares, buena educación promedio, alto nivel de vida, son características que siempre se ponen de relieve porque se afirma que coadyuvan para su aceptación. El referéndum también se utiliza en democracias avanzadas europeas sobre ciertos temas de gran importancia para la vida futura: así, se han puesto en práctica durante los últimos años en vinculación a determinados aspectos de la Unión Europea.
En varios países de América Latina se han producido reformas constitucionales que introdujeron mecanismos de democracia directa y, entre ellos, la revocatoria de mandato, aunque no siempre para todos los cargos electos, sí para las autoridades locales (Colombia, 1991; Perú, 1993; Venezuela, 1999; Ecuador, 1997, 2008; y Bolivia; 2009. En Argentina la institución existía en algunas provincias antes de los noventa, pero se extendió tras las reformas que siguieron a la aprobación de la constitución de 1994). Hay casos especialmente destacados, como el peruano, con más de tres mil referendos revocatorios desde 1997.

En Costa Rica el único mandato revocable es el de Alcalde, mediante sufragio universal, pero la iniciativa no es popular, sino que está a cargo de los regidores municipales. En otros países, su empleo se encuentra previsto únicamente en las constituciones estatales y no nacionales como en Argentina y México. Esta figura se reconoce a nivel constitucional nacional y por decisión estrictamente popular en Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, países en los cuales la figura del referéndum revocatorio se encuentra inserta en el capítulo de los derechos políticos de sus respectivos textos constitucionales.
Con el fin de otorgar a las autoridades, con mandato revocable, la posibilidad de cumplir con sus ofertas electorales y demostrar idoneidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública que les corresponda desempeñar: las legislaciones de Perú y Ecuador norman de manera uniforme sobre el tema de temporalidad: que podrá solicitarse la revocatoria del mandato, después de transcurrido el primero y antes del último año de ejercicio de funciones del representante, salvo en el caso de los jueces de paz; sin embargo, el artículo 111 de la constitución ecuatoriana establece que, por actos de corrupción, “podrá solicitarse en cualquier tiempo del periodo para el que fue elegido el dignatario”. Las legislaciones de Colombia y Venezuela, restringen únicamente el periodo mínimo del ejercicio de la representación popular, en un año y la primera mitad, respectivamente.

Si la mayoría del electorado rechazara la revocatoria del mandato, ésta no podrá ser solicitada nuevamente dentro del mismo periodo de funciones, de conformidad con las legislaciones de Ecuador, Venezuela y Colombia. La legislación peruana señala que deberán transcurrir dos años entre una consulta y otra. En Bolivia, la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de nueva Constitución Política del Estado, habiendo introducido la figura de la Revocatoria del Mandato como un instrumento de democracia participativa, aplicable a los mandatos de Presidente de la República, miembros del Órgano Legislativo, Prefectos, Gobernadores y Alcaldes. Sin embargo, no especifica las causas por las que procede, situación que podría facilitar la proliferación de solicitudes infundadas o inducidas por intereses político – sectarios.


3.  Revisión estadística de los procesos de revocatoria

Las revocatorias  en el Perú, se han dado en distritos pequeños y alejados, con poblaciones menores. "Nunca en grandes ciudades o regiones",

El 29 de noviembre del 2009, se realizó la última consulta popular de revocatoria de autoridades municipales. En 72 distritos de 20 regiones del país, se revocaron 67 alcaldes y 271 regidores. Un 64% fue en áreas rurales y un 36% en el sector urbano.
En las siete consultas anteriores se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores. Y se  desarrollaron como muestra el siguiente gráfico[4]: El año con mayor cantidad de consultas de revocatoria a nivel nacional fue el 2008, superando los 1200 pedidos

La consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades regionales y municipales del 30 de setiembre será la octava que llevará a cabo en nuestra historia electoral desde la entrada en vigencia, en 1994, de la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Se trata de la primera consulta popular de revocatoria correspondiente al período de gobierno regional y municipal 2011-2014.

La ONPE [5]señala que en las seis consultas populares de revocatoria realizadas entre 1997 y 2008 se desarrollaron, mayoritariamente, en áreas rurales de la sierra y con escaso número de electores. En todos los casos, salvo en 2004, la proporción de las localidades rurales fue superior al 60 por ciento. Hasta el año 2008 fueron consultadas autoridades de 448 localidades rurales y de 254 urbanas. Asimismo, el mayor número de distritos en los cuales se llevó a cabo consultas populares de revocatoria ha pertenecido a la sierra. En todos los procesos hasta 2008, el peso de esta región superó el 65% de localidades: el 83.1% en 1997; el 71.7% en 2001; el 70.7% en 2004; el 80.9% en 2005; y el 67.5 en 2008.


Otra característica de las consultas populares de revocatoria hasta 2008 ha sido la relacionada con el tamaño de la población electoral de las circunscripciones involucradas. La mayor parte de la población electoral que participó en las consultas populares de revocatoria en el ámbito distrital vive en localidades mayores de mil y menores a 5,000 electores. La excepción fue en 2004.

Por otro lado, durante la vigencia de la Ley de los de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, solo en seis oportunidades se han sometido a consulta popular de revocatoria el mandato de autoridades con rango provincial. Estas provincias fueron Sucre (Ayacucho), en 1997; Padre Abad (Ucayali) en los años 2001 y 2008; Ilo (Moquegua), en 2004; Casma (Ancash) y Julcán (La Libertad), en 2008. Las cinco provincias fueron circunscripciones con menos de 50,000 electores y la superficie geográfica de cada una no es muy extensa.

4. El costo/beneficio económico y social de los procesos de revocatoria

Los mecanismos de democracia participativa fueron establecidos inicialmente por dos corrientes; la primera en el espíritu de fortalecer y dinamizar la democracia;  vinculando a los ciudadanos con la gestión pública, dándoles acceso al poder a través de  de consulta popular, iniciativa legislativa, o revocatorias de mandato; la segunda como crítica a la distancia del uso único de la democracia representativa.

Sin embargo debe considerarse que  el ejercicio de estos mecanismos de participación debieran implicar una madurez política y responsabilidad social y un capital social capaz de sobrellevar los cambios de mandato;  para evitar que no se convierta la primera intención en una oportunidad para revanchismos o manipulaciones políticas; (observadas desde 1998).  Los 7 procesos revocatorios nos dejan algunos aprendizajes y conclusiones sobre la eficacia del mecanismo de revocatoria para vincular y /o fortalecer la democracia:
·         La mayoría de procesos de revocatorias planteados en la última década no han tenido los efectos esperados debido al incumplimiento de los requisitos para sustentar las causas. un 90 por ciento de kit electorales adquiridos para revocar a una autoridad electa quedan desestimados o no siguen el trámite regular, ya que no consiguen recolectar las firmas necesarias en respaldo a la revocatoria. sólo entre la quinta y una décima parte de los pedidos consiguen que se realicen las revocatorias. Es decir, son movilizaciones que responden a la insatisfacción de minorías que no prosperan.
·         Los procesos de revocación del mandato suelen generar inestabilidad en las gestiones locales,  la mayoría de veces innecesariamente, si la revocatoria no se hace con un sustento lo suficientemente razonable, puede terminar por tener el efecto de distraer a una autoridad que busca, recién al terminar su primer año en el cargo, cumplir una buena labor.
·         Las revocatorias se han dado en distritos pequeños y alejados, con poblaciones menores. "Nunca en grandes ciudades o regiones", Mayoría de consultas de revocatoria fue  en áreas rurales de la sierra y con pocos electores.
·         Bajo la premisa de la insatisfacción sobre la gestión ; en la mayoría de  casos los impulsores de las consultas revocatorias suelen ser los perdedores de las contiendas electorales, en algunos casos unidos; proceso de revocatoria se inicia con la intención política de obstaculizar la labor de la autoridad elegida,  es muy común que los perdedores de una elección busquen revocar al ganador de los comicios con ataques sistemáticos contra la gestión que recién inicia, lo cual, genera inestabilidad e ingobernabilidad, alejado del principio de cohesión, tiende a la polarización de los ciudadanos.
·         El rol de los medios de comunicación en estos procesos suele ser importante en la polarización de las posiciones o la integración de propuestas, los medios de comunicación pueden mejorar o empeorar el clima político local  y por ende apoyan o minan la estabilidad de la gestión local, podemos observarlo en el caso de  Lima con la polémica mediática que le han cargado a la Sra.  Susana Villarán
·         No se puede saber a ciencia cierta el beneficio económico o social derivado de los procesos de revocatoria; en términos de medir si el cambio de un mandatario genera un nivel de satisfacción popular que comprometa al ciudadano con la gestión pública; de hecho el espíritu del mecanismo mide la insatisfacción popular, más no conlleva necesariamente a procesos de  propuesta. La revocatoria no resuelve la vigilancia ciudadana sobre la gestión local; como si lo pueden hacer la rendición de cuentas u otros mecanismos de participación y planificación.   De otro lado, se estima que los costos al Estado de la última elección nacional costó aproximadamente 160 millones de soles. Tras una estimación ligera basada en porcentaje de electores podríamos decir que cada proceso en Lima costaría 55 millones de soles. El origen de los recursos privados de los revocadores no son tema del debate, pero ciertamente ayudaría a la transparencia del proceso que fuesen de conocimiento público.

Finalmente, considerando el concepto de gestión, que se refiere a "la capacidad de administrar y hacer funcionar coherentemente las partes de un todo". Una comuna, una provincia o una región, cada una representa un nivel y un todo en sí diferente. "Conducir ese todo a un fin dentro de un tiempo determinado" es gestión estratégica. Para esto  es necesario establecer tres puntos de partida: primero: la conducción, requiere de un director del proceso, responsable, con capacidad de liderazgo, capaz de trabajar en equipo y éste, a su vez, capaz de supervisar técnicamente las actividades programadas; segundo, respeto y cumplimiento de los plazos estipulados y tercero, definición del fin o gran objetivo de ese todo, y al que deben apuntar los objetivos particulares de cada uno de los componentes del sistema, aún cuando haya una interacción recíproca entre estos también. Podemos deducir que para que se logre cumplir con el sistema de planeamiento a nivel nacional, que se ha ido ganando y fortaleciendo en el tiempo, para lograr los objetivos nacionales es preciso contar con estabilidad en los gobiernos locales, desde la integridad de la gestión. Es preciso contar con el tiempo suficiente para vincular a los actores locales con la gestión,  contar con un equipo municipal cohesionado y cumplir los planes de gobierno. Es así que la gestión estratégica se ve amenazada por el mecanismo de revocatoria, sobretodo bajo los términos utilizados actualmente.
5. Opinan los expertos
Ernesto Álvarez [6] Presidente del Tribunal Constitucional, cree que instrumentos de democracia directa no encajan aún en un país como el nuestro.  Y se deben  buscar mecanismos más eficientes de control de autoridades locales.
"A mi juicio toda revocación es arbitraria" “Como profesor de Derecho Constitucional no creo en la revocación como institución por cuanto el que ha sido objeto de elección popular debe ser, si se quiere decir soportado y fiscalizado por los años de mandato que le ha conferido la soberanía popular. A mi juicio, toda revocatoria es arbitraria  por cuanto si soy elegido alcalde o presidente regional con un 30%, significa que mis adversarios se unen y tendrán amplia mayoría en contra mía. Hace varios años ya ocurre que los candidatos perdedores se unen en contra del ganador y este tiene que dedicar su mandato a tratar de blindarse en contra de la revocación. Eso pervierte su gestión…esto ha ido pasando en forma injusta, políticamente hablando, en provincias. Hemos tenido que esperar a que se plantee la posibilidad en Lima para que recién podamos reflexionar. ¿Es buena la revocatoria o en todo caso regresemos a los mandatos cortos de tres años para los alcaldes y punto?
La revocatoria es una institución ajena al sistema representativo. La representación política recién está madurando en el país, a ella le hemos injertado instrumentos de democracia directa. Que también son ajenos a nuestra cultura porque pertenecen a algunos Estados norteamericanos y a cantones suizos.  La ley dice que no tiene que ser fundamentada. Pero si no tiene ningún fundamento,  teóricamente,  frente al alcalde elegido, todos los que hemos participado y hemos perdido en el proceso previo, podemos unirnos y derribarlo.
Tenemos representación política, y al mismo tiempo tenemos democracia directa. Democracia directa funciona pero para otros temas, por ejemplo funciona a manera de referéndum para temas que escapan a la representación política.

 Baldo Kresalja[7]/columnista del diario La República (Perú).  La revocatoria es el ejercicio de la ciudadanía para quitarle el poder a una autoridad elegida. El argumento en uso es que así como el pueblo soberano eligió a una autoridad también puede después revocarla, que eso es la democracia. ¿Cuál es el sistema en un determinado país más conveniente, cuál es más eficaz, cuál conlleva mayor y mejor representación, cuán oportuno es usarlo en determinado momento?
La revocatoria en un país de las características geográficas, étnicas, económicas, educativas, etc., del Perú, lo que ocasiona en la vida cotidiana no es el goce por el triunfo momentáneo de tal o cual posición, sino potenciar nuestra debilidad institucional, fragmentar políticamente más aún el país de lo que ya está, impedir el inicio y consolidación de propuestas de largo plazo que tanto necesitamos, desanimando las tareas públicas. La revocatoria de un alto número de alcaldes es fruto de un sistema electoral que no consolida al ganador sino que lo debilita, más allá por cierto de que algunos revocados hayan sido unos sinvergüenzas. Eso es lo que debería debatirse.

Fernando Tuesta Soldevilla.[8] Analista político y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) - “La revocatoria, en general, ha sido basada en la venganza política””no creo que entre  1997 y 2009, la democracia en nuestro país haya mejorado a nivel municipal y no lo digo porque en este caso se trate de Susana Villarán.
“La revocatoria no existe en la gran mayoría de países, pero sí en aquellos de gran inestabilidad política, regímenes populistas y autoritarios. Ahora resulta que algunos entusiasmados que tanto critican al "chavismo" están utilizando los instrumentos que han sido piezas claves para enfrentar a las oposiciones en ese país.”

Percy Medina.[9] Secretario general de Transparencia "Éste debe ser el último mecanismo frente a una autoridad que no cumple sus funciones y promesas. Se trata de un derecho legítimo de la población que debe ser asumido en forma responsable" Además acotó: “Los promotores de procesos de revocatoria deberían establecer mecanismos de transparencia para explicar el origen de los recursos que les permiten impulsar dichos pedidos,
De otro lado,  como representante de los gestores :
 Rafael Santos[10]  alcalde de Pueblo Libre, “los procesos de revocatoria, no solo perjudican la gestión metropolitana sino también, los proyectos programados por la comuna capitalina”. El burgomaestre señaló que esta desestabilización impide la marcha regular para la ejecución de obras en los distritos.
Legisladores[11] de diversas bancadas expresaron que es necesario corregirlo para prevenir su mal uso. Asimismo, reconocieron que consiste en un instrumento democrático y no debe eliminarse.
Freddy Otárola, El vocero parlamentario de Gana Perú- refirió que si bien la revocatoria es una opción democrática del pueblo frente a una autoridad que está gobernando mal, debe buscarse la forma de evitar que sea usada como herramienta de venganza política.
Fernando Andrade, portavoz alterno de Alianza Parlamentaria, actual Alcalde de Pueblo Libre,  opinó que es prematuro abrir la revocatoria al cumplirse en el primer año de la gestión edil, ya que es un periodo muy corto para mostrar resultados, sobretodo, cuando los proceso de inversión requieren de tiempo y los equipos de gobierno recién se afiatan en el cargo en los primeros meses.
Fernando Andrade, ex alcalde de Miraflores, consideró que la revocatoria, tal como está planteada, genera inestabilidad en la gestión edil, repercute en la labor de los funcionarios y desalienta el desarrollo de inversiones en la ciudad.
El legislador Luis Iberico, de la Alianza por el Gran Cambio, lamentó que un mecanismo que debería ser un derecho participativo del pueblo, sea “manoseado” por actores políticos que perdieron las elecciones, y que unidos a otros intereses, buscan perjudicar a las autoridades.
“Hay que poner exigencias, parámetros, para que no se haga la revocatoria por hacer, porque esto debilita el sistema democrático, y crea situaciones de incertidumbre en gobiernos locales y regionales, que tienen que perder tiempo de su gestión para enfrentar esa situación”, indicó.
Asimismo, Luz Salgado, de Fuerza 2011, manifestó que la revocatoria es perfectible y debe ser evaluada en el marco de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la Constitución, junto al referéndum, la iniciativa popular y la rendición de cuentas. Señaló, no obstante, que por tratarse de instrumentos que canalizan el sentir del pueblo hacia sus autoridades deben mantenerse. “Así como el pueblo te da el voto, el pueblo tiene derecho a quitártelo, hay que mantener esa potestad”, añadió.
6.   Reflexión Final:
La revocatoria de mandato cambia cualitativamente la democracia representativa. Entendiendo a la democracia como el ejercicio del gobierno de la gente, no solo cada cierto tiempo en las urnas, sino  durante todo el periodo estipulado, que como  implica reconocer y proteger los derechos, también implica  actuar desde de los deberes, El control y vigilancia de la gestión pública cuenta con otros mecanismos, más efectivos y fundamentados y que llevan consigo una carga más integral de deberes y derechos, más que de demandas.
Aplicando un principio sobre gestión de riesgos : Menos vulnerable equivale a más sustentable. Por el fortalecimiento de la gobernabilidad, se  debe contar con mecanismos adecuados y afinados para hacer de nuestros procesos de gestión procesos menos vulnerables, más sustentables, legítimos y transparentes.
El ejercicio de la revocatoria del mandato, por sus connotaciones en la estabilidad política e institucional del Estado,  implica un alto grado de madurez política y responsabilidad ciudadana. Por ello, y una vez que diferentes grupos ciudadanos, a nivel nacional y en determinadas circunscripciones han iniciado procesos revocatorias locales se hace importante reflexionar sobre el tema. Se debe evitar que se use como instrumento para la inestabilidad política, dirigida por los perdedores de las elecciones, que tergiverse la esencia de la democracia.  
Una manera positiva de ver las revocatorias es:  más que una prueba a la autoridad, son una muestra sobre el grado de gobernabilidad de una localidad, miden la actividad social en términos de la insatisfacción y la expectativa, la frustración, no la propuesta, nos habla de una comunidad que se puede cohesionar en función de enemistades pero no de proyectos.

Una figura bajo la cual sería absolutamente válida la revocatoria, sería si hubiesen hechos visibles de corrupción o desatención a los derechos humanos. Sin embargo sería más adecuado a nivel normativo para evitar las dos causas por las que existe la figura legal de la revocatoria:

a.)        Pérdida de la legitimidad: modificando el periodo de gobierno de 4 a 3 años, dando la posibilidad de una reelección si cuenta con apoyo popular.
b.)        Casos de corrupción: limitando a una, la posibilidad de reelección. Y  fortaleciendo el mecanismo de rendición de cuentas aplicándolo no solo a los presupuestos participativos sino también a toda la gestión.

Sin embargo en la práctica, las causas no fundamentadas de revocatoria  llevan a que gobiernos que se gestan tras él: “no importa que robe con tal que haga”, pasen por alto; pero aquellos cuya oposición política sea “el no me simpatiza” sean valederos, como ejemplo el caso de Lima Metropolitana; por esto se recomienda la modificación y creación de otros mecanismos de control, que sean más eficaces y menos manipulables.
Un gran problema que genera esta figura legal  es su contraposición con el enfoque estratégico; es decir con tiempos determinados;  con los que los  gobiernos locales a nivel nacional, están comprometidos tanto para la planificación como para la gestión de proyectos.   La reactivación de la democracia como ejercicio es válida, claro;  si apoya a la consecución de los objetivos locales y nacionales. Pero si se utilizan recursos del Estado para convertir de este ejercicio en una encuesta de popularidad, carecería de sentido práctico y distrae la atención de temas más relevantes para los gestores locales. Es así que los procesos de revocatoria del mandato suelen alimentar la visión cortoplacista de la población, generalizado desconocimiento de las implicancias futuras del resultado; contraponiéndose al logro sostenido de los objetivos locales.
Sobre la participación ciudadana
Los procesos de planificación de los gobiernos locales en el Perú han sido, por diversos frentes, objeto de informalidad o demagogia; menguando su credibilidad  y validez. En este sentido, el rol de la institucionalidad en el país se hace latente; la carestía de representatividad institucional en los procesos de planificación, debilita las propuestas de planeamiento. La influencia del interés, grado de participación y compromiso ciudadano se traduce en solidez de las alianzas establecidas por los actores locales para la implementación de proyectos prioritarios, transversales e integrales.  La priorización y temporalidad de los proyectos, así como la claridad en el diseño de estrategias apropiadas para la realidad local, dependen en su esencia de la cualidad institucional  de cada localidad. Cualidad que precisa de cierta estabilidad en los tiempos y equipos formados, y que puede vulnerarse con procesos de participación mal llevados, como el de la revocatoria.
¿Qué sería de nuestras localidades si toda la energía invertida a favor y en contra de las revocatorias, lo  estuviese en otras convocatorias de participación ciudadana, tales como  la planificación concertada y gestión organizada de las localidades? ¿Cómo sería si los procesos de planificación local, trabajos comunales, comités de gestión, comités de vigilancia, entre otros procesos participativos, contaran con la cobertura mediática que le vienen dando sólo al proceso de revocatoria de autoridades de la Ciudad de Lima y en particular de la Municipalidad Metropolitana de Lima?




[2] Extraído del artículo publicado en el diario La Republica  , 12 de enero 2012
[3] Este último puede ser influenciado en gran medida por los medios de comunicación, grupos políticos y económicos
[4] Gráfico de elaboración propia, basado en datos de LaRepublica.pe
[5]  Extraído de  Andina  Nacional - 11 ene 2012
[6]  Entrevista de Rosa María Palacios a. Ernesto Álvarez Miranda
[8] La Republica, 8 de enero 2012
[9] Andina, 9 de enero 2012
[10]La República, 15 de enero 2012
[11] ANDINA , 13 de enero 2012

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